No es infrecuente encontrarnos en la situación de que un familiar o conocido padezca cualquier tipo de demencia o Alzheimer. Esta enfermedad supone que la persona que la padece no pueda tomar decisiones por sí misma cuando esta patología llega a su fase avanzada. Ante esta circunstancia, existen diferentes alternativas jurídicas para regular la nueva vida futura de la persona afectada por este tipo de dolencia neurodegenerativa.
La más conocida y puesta en práctica a día de hoy es la incapacitación judicial. Mediante este procedimiento, y cuando la persona ya no puede iniciar ningún tipo de trámite de manera autónoma, se nombra por parte del Juez a un tutor, en atención al orden de preferencia establecido en la propia Ley. Dicho tutor, será el representante legal del incapacitado, y quien decidirá sobre todos los ámbitos de la vida del incapaz, salvo en determinados actos que realice con respecto al patrimonio del mismo para los que necesitará autorización judicial.
No obstante, en una fase temprana de la enfermedad, cuando todavía se conserva la capacidad de decidir, se pueden emplear otras herramientas legales como la autotutela, que permite al futuro incapaz decidir, por quién y cómo desea ser cuidado, así como de qué manera será gestionado su patrimonio llegada la situación de incapacidad reconocida judicialmente, o el poder general preventivo, que permite al futuro incapaz decidir cuándo, cómo y quién gestionará, exclusivamente, su patrimonio, sin necesidad de intervención judicial.
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